El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han coincidido este lunes en que debe existir un Plan Estratégico Nacional único para aplicar en todo el país por igual la futura Política Agrícola Común (PAC) al finalizar 2020, aunque atendiendo las «particularidades» de los diferentes territorios. Pero si por un lado se ha mostrado un consenso, por el otro el consenso es en contra de los planes del minisatro, ya que la Junta de Andalucía y el sector agrario han firmado una declaración institucional reclamando que el Gobierno español mantenga el actual modelo de reparto de las ayudas de la PAC basado en regiones y derechos.
Mañueco ha recibido a Planas en su despacho de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, donde el dirigente castellanoleonés ha ofrecido apoyo al ministro para conseguir que no se produzcan desequilibrios territoriales respecto a la situación actual, ya que ello provocaría abandono de la actividad en el medio rural, lo que supondría a su vez el fracaso de la propia PAC, ha explicado la Junta en un comunicado.
Ambos han comentado los retrasos de la tramitación de la nueva normativa europea, ya que la nueva PAC puede ser aprobada finalmente a finales de 2020 o principios de 2021, pero han compartido que el objetivo es que España disponga a mediados de 2021 un Plan Estratégico Nacional único y desplegar toda la normativa asociada a nivel estatal y autonómico en 2022.
Con este nuevo calendario la nueva PAC entrará en vigor en 2023, con el Plan Estratégico Nacional y su normativa aprobados, ha detallado la Junta.
En su reunión, Mañueco ha esgrimido el acuerdo político, agrario y sindical para defender la PAC con una financiación igual a la actual, sin disminución alguna, en el sentido de que Castilla y León siga manteniendo los cerca de 1.100 millones de euros al año, la mayor parte dirigida al apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos y a mantener una producción sostenible con los recursos naturales.
Los enfoques de la nueva PAC serán más exigentes desde un punto de vista medioambiental, por lo que reducir la financiación pondría en riesgo la actividad agroalimentaria, la más importante en el medio rural, en opinión del Ejecutivo autonómico.
Castilla y León defiende el consenso pero también que la nueva PAC debe tener elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales, de explotaciones familiares, que principalmente viven de la agricultura, ha concluido la Junta.
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