Ganaderos del Altiplano de Granada exigen un control cinegético del zorro

Imagen correspondientes a los ataques de las campañas anteriores La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) del Altiplano de Granada ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que se arrastra desde hace años en el Parque Natural de la Sierra de Castril: los continuos ataques de zorros al ganado ovino. Según denuncian, la falta de actuación de la Delegación de Medioambiente de la Junta de Andalucía está generando un fuerte impacto económico y social en la zona, ya que las pérdidas de animales se repiten año tras año y comprometen seriamente la rentabilidad de las explotaciones. Tres años consecutivos de ataques El problema no es nuevo. En 2023 se registró la desaparición de más de un centenar de animales a causa de los ataques de zorros. Aquella vez, la respuesta de la administración autonómica fue, en palabras de los afectados, meramente “burocrática”. Los ganaderos tuvieron que asumir los costes económicos, contando únicamente con el apoyo de los ayuntamientos y de las sociedades de cazadores de la zona, que aportaron recursos para tratar de minimizar el daño. En 2024, la situación no mejoró de manera significativa. Aunque se redujo levemente el número de ataques, con la pérdida de alrededor de 70 corderos, esto solo se consiguió porque los propios ganaderos se vieron obligados a reforzar la presencia de perros mastines en sus rebaños, asumiendo nuevamente gastos adicionales. Pese a la promesa de la Junta de retomar el control cinegético del zorro, que no se lleva a cabo desde 2013, la medida nunca llegó a materializarse. En el actual 2025, el escenario se repite. COAG denuncia que ya se han producido nuevos ataques y advierte de que la situación puede agravarse si no se actúa de inmediato. La petición de COAG Altiplano Desde la organización agraria, su coordinadora Clara Torreblanca ha reclamado a la Junta que asuma de una vez por todas sus responsabilidades. Según sus palabras, “los ganaderos somos quienes cuidamos y protegemos el Parque Natural, y es de derecho que no seamos maltratados de esta manera”. COAG insiste en que no puede recaer únicamente en ganaderos y cazadores la tarea de hacer frente a un problema que corresponde a la administración autonómica, ya que se trata de la gestión de una especie silvestre dentro de un espacio natural protegido. La exigencia de un control poblacional del zorro no es una petición aislada, sino una demanda recurrente desde hace más de una década, en especial tras la suspensión de este tipo de controles en 2013. Desde entonces, la proliferación de zorros en la zona habría aumentado, incrementando las probabilidades de ataques al ganado, con especial incidencia en las explotaciones ovinas de pequeños y medianos productores.

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