Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado a los que ha tenido acceso, critica que la deficiente ejecución de los fondos presupuestados por Miteco en 2022 y 2023 destinados a afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación, ya que no llega al 4% lo que se destina a los dos programas.
Unión de Uniones, quien ya pusiera en evidencia que entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico habrían dejado sin ejecutar 2.590 millones de euros en 2022 y 2023 en agricultura, medio rural, medio ambiente y agua, quiere poner ahora especial acento en el capítulo dedicado a evitar el abandono de nuestros pueblos.
Por un lado, la organización destaca que del total del presupuesto del Miteco, no llega al 4% lo que se destina a los dos programas relacionados para combatir la despoblación del medio rural.
Y LA MAYORÍA DE LOS FONDOS UTILIZADOS NO SE DESTINARON A DINAMIZAR EL MEDIO RURAL SINO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Además, del crédito definitivo que tenía disponible en 2022 y 2023, que se elevaba a 696,7 millones de euros, comprometió el 92,2% (641,2 millones de euros), pero solo pagó el 7,3% (50,8 millones de euros)
En este sentido, también se señala que la mayoría de los fondos utilizados no se destinaron a dinamizar el medio rural sino a programas de eficiencia energética. Un total de 575 millones fueron al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Miteco) para proyectos en su mayor parte destinados a entidades locales para cosas como rehabilitación energética de edificios públicos y regeneración urbana. Por el contrario, sólo alrededor de 4.5 millones fueron destinados en forma de ayudas a empresas o particulares para llevar a cabo proyectos innovadores en el medio rural.
La organización señala las graves carencias en oportunidades de emprendimiento, infraestructuras, servicios públicos, vivienda, promoción social y cultural, etc…, que están en la raíz de lo que se llama España Vaciada. «Ahora que en verano los pueblos se vuelven a llenar de vida, conviene recordar que deberían poder estarlo también todo el año» comentan desde la organización «pero los políticos, que tanto cacarean en campaña, sobre el reto demográfico, no está dando la talla».
Unión de Uniones recuerda la contribución de la agricultura y la ganadería a la generación de riqueza y la fijación de población en el medio rural – el 80% de la superficie del país -, considera que es necesario reformular las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial para revitalizar el medio rural, invirtiendo en infraestructuras y comunicaciones, impulsando la actividad económica, proporcionando servicios dignos a la población y empoderando la vida en nuestros pueblos. La organización reconoce el papel que en este objetivo deberían tener las Comunidades Autónomas, pero a nivel estatal «esto no puede hacerse con dos programitas del Miteco que, además, ni siquiera se ejecutan como deben».
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Según los datos recopilados por Abastores los precios de los cereales se han mantenido estables durante la semana. En la Lonja de León, cotiza la cebada a 186 €/Tm, 34 €/Tm menos que el año pasado, marcando el mínimo desde 2020.
Durante la última semana, los precios se han estabilizado con repeticiones en la mayoría de lonjas y en el mercado nacional. La atención se centra en la cosecha, que en algunas zonas presenta rendimientos optimistas. A medida que las cosechas avancen hacia el norte, se obtendrán estimaciones más precisas sobre las existencias de esta campaña.
La Lonja de León ha publicado la cotización de la nueva cebada, y en nuestro análisis comparativo con años anteriores revela lo siguiente:
Aunque la cotización de este verano de 2024 es la más baja desde 2020, sigue siendo superior a las registradas antes de la pandemia y la guerra de Ucrania.
EL MERCADO INTERNACIONAL SUBIÓ AL PRINCIPIO PARA PERDER POSTERIORMENTE
En el ámbito internacional, la Bolsa de Chicago estuvo influenciada por el festivo del 4 de julio, con subidas el lunes y bajadas el martes. La Bolsa de París también experimentó un repunte el lunes, pero fue perdiendo terreno durante la semana, cerrando en positivo el jueves. Esta volatilidad no ha tenido un impacto significativo en los precios del mercado nacional.
En Europa, a medida que avanza la temporada de cosecha, surgen nuevas estimaciones sobre los volúmenes cosechados. La República Checa ha anunciado un descenso en las cosechas, mientras que en Francia se espera una recuperación, con la intención de avanzar antes de la llegada de nuevas lluvias en varias regiones. En el análisis cronológico semana
Lonja diaria:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
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LA UNIÓ Llauradora y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), han acordado una nueva movilización conjunta el próximo viernes 21 de junio, a partir de las 11 horas, ante las puertas de la Conselleria de Agricultura en Valencia.
Ambas organizaciones agrarias consideran que hay motivos suficientes para realizar esta manifestación porque “ha pasado cerca de un año con los nuevos gestores de la Conselleria de Agricultura y a lo largo de todo este periodo hay buenas palabras, pero pocos hechos y realidades que es al final lo importante”.
AVA-ASAJA y LA UNIÓ señalan que la Conselleria de Agricultura es en estos momentos un organismo “ineficaz, ineficiente e irrelevante en el conjunto de la Generalitat” y abogan por un “mayor apoyo y una mejor gestión porque el sector agrario y el mundo rural de la Comunitat Valenciana requieren unas políticas y un soporte económico que le haga salir de la crisis a la mayor parte de cultivos y sectores ganaderos”.
UNA LARGA LISTA DE TEMAS PENDIENTES SIN SOLUCIONAR: DESDE LA SEQUÍA A LA EHE, PASANDO POR LOS CÍTRICOS, LA APICULTURA, LAS QUEMAS…
Las dos organizaciones agrarias más importantes del territorio valenciano reclaman así medidas urgentes para mitigar los efectos de la sequía -las últimas lluvias son solo un respiro insuficiente- y el establecimiento de una línea de ayudas para compensar la pérdida de rendimientos en los sectores más afectados como la viña, uva de mesa, olivar, frutos secos, frutas de hueso, cereal, ganadería extensiva y apicultura; así como para las entidades de riego por el aumento del coste energético.
En el caso de la viña y el olivar, de gran importancia en la Comunitat Valenciana, sus productores además han sido excluidos de todas las líneas de ayudas a pesar de sufrir también consecuencias negativas como la guerra en Ucrania. Los productores de cerezas siguen esperando la convocatoria de las ayudas prometidas hace ya un año. Los de limón y cebollas necesitan ayudas excepcionales para paliar las graves pérdidas de mercado sufridas en esta campaña. Los productores de cítricos, en un contexto de retroceso del consumo en los hogares, se han quedado sin campaña de promoción al retirarse la partida presupuestaria establecida por el anterior Gobierno del Botànic.
En cuanto a los sectores ganaderos, los productores de vacuno siguen sin ayudas, tal y como sí han establecido otras comunidades autónomas, pese a la muerte de reses por la enfermedad de la EHE. Los ganaderos en extensivo de algunas zonas más afectadas por la sequía necesitan un mecanismo para disponer de forma gratuita agua y alimentación para el ganado. Los apicultores demandan una línea de ayudas para compensar las pérdidas por ataques o medidas de control de la Avispa velutina y el Abejaruco, por la competencia desleal de las importaciones, así como también medidas definitivas para acabar con la ‘pinyolà’.
Sobre las quemas agrícolas, las dos organizaciones piden una revisión de la normativa con la apertura de un periodo excepcional, con garantías de seguridad, para gestionar los restos agrícolas existentes actualmente en las parcelas. De la fauna silvestre, con una sobrepoblación descontrolada, reclaman acciones efectivas y la publicación de una línea de ayudas, ya dotada en los presupuestos, para compensar los daños que las diferentes especies están provocando en las explotaciones agrarias.
Otros asuntos en los que coinciden LA UNIÓ y AVA son en la puesta en marcha por la Generalitat de inspecciones de oficio contra los operadores comerciales y las cadenas de distribución por abusos y contratos con precios por debajo de los costes medios de producción, así como una intensificación de las inspecciones sobre el etiquetado del arroz y la miel. También desean un impulso de la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana o la reducción de la burocracia en todos los trámites relacionados con la actividad agraria, entre otras cosas.
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De nuevo otra semana más, se producen bajadas en los cereales en las principales lonjas nacionales, mientras que el mercado internacional ha estado entre números verdes y rojos, según los datos recopilados por Abastores.
En el ámbito internacional, la Bolsa de Chicago inició la semana con una tendencia a la baja, aunque los contratos próximos a vencer en París mostraron algunos indicadores positivos. Hacia el final de la semana, el aumento de la tensión en el conflicto entre Irán e Israel impulsó el precio del petróleo, lo que a su vez afectó al alza a otras materias primas. Este impulso se tradujo en un repunte en las cotizaciones durante la noche del jueves al viernes. Además, se continúa vigilando de cerca las previsiones meteorológicas en Rusia y Estados Unidos, así como los informes sobre las existencias disponibles.
En las últimas semanas, el mercado nacional de cereales ha seguido su propio compás en las lonjas. Las expectativas de una buena cosecha, la abundante oferta de grano en los puertos y la escasa demanda, junto con la liquidación de los agricultores antes de la nueva campaña, han generado una caída constante de los precios día tras día. La cosecha de maíz en León continúa a buen ritmo, con niveles de humedad que oscilan entre 13º y, en algunas zonas, incluso 11º en las próximas semanas. Sólo vimos subidas en lonjas como la de Córdoba y Barcelona, mientras que la Lonja de León y Segovia mostraron una fuerte caída de los precios. Será crucial seguir de cerca la evolución de la cosecha en las próximas semanas y verificar si se cumplen las proyecciones de Europa sobre la producción en España, así como observar si el mercado internacional comienza a influir en la tendencia nacional.
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El precio del aceite de oliva se ha disparado en los últimos meses. Sin embargo, los expertos advierten de que su precio no ha tocado techo, y de que puede llegar a los 10 euros por una botella de un litro.
Ha tocado techo el precio del aceite de oliva? Los expertos lo tienen claro y su pronóstico no es nada optimista. Según Andrés García, gerente de la almazara 'Terraverne', "cuando íbamos por 7,50 euros pensábamos que estábamos tocando techo, pero vamos a tocar los 10 euros".
Por su parte, Ángel Calle, profesor de Sociología de la Empresa en la Universidad de Extremadura, afirma que "el precio del aceite de oliva no ha tocado techo porque se está convirtiendo cada vez más, junto con otros productos como las almendras, avellanas, frutos secos, en materia especulativa". En este sentido, Calle alerta de que en el sector "han entrado los fondos de inversión", por lo que pronostica que "el precio va a tirar hacia arriba".
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras reunirse con el Ministerio de Agricultura, además de reuniones con los responsables de sanidad animal en las distintas Comunidades Autónomas, critica la falta de comprensión de la administración con el sector ante la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), que, en algunas explotaciones, afecta al 80% de las vacas
Unión de Uniones considera que las administraciones estatales y autonómicas «no se están implicando lo suficiente», ante la aparición de una nueva enfermedad que ha logrado extenderse rápidamente a prácticamente todo el territorio estatal
Si bien la EHE entró a España en noviembre de 2022, ha sido en verano de este año cuando se ha expandido desde el suroccidente peninsular a, según la última nota de actualización del Ministerio, prácticamente todo el territorio peninsular, azotando fuertemente CC.AA como Castilla y León, Castilla – La Mancha, Extremadura, Andalucía o Comunidad de Madrid, afectando en algunas explotaciones al 80% de las vacas.
En la cornisa cantábrica, tradicionalmente una de las grandes zonas donde el vacuno es muy importante, acaba de entrar, provocando la preocupación de los ganaderos. Tampoco se libra la Comunitat Valenciana o Aragón, donde ha habido ya diversos contagios.
Desde el sector estamos viendo cómo se ha extendido la enfermedad con una rapidez inaudita, en muchas ocasiones vemos que los animales pueden superar la enfermedad, pero también hay casos donde la mortalidad está siendo extremadamente elevada», denuncian desde Unión de Uniones.
En este sentido, reclaman de las administraciones esfuerzos adicionales para facilitar la divulgación del conocimiento que se pueda tener y que permita al sector conocer y concienciarse sobre la enfermedad: síntomas, prácticas recomendadas y no recomendadas, factores de riesgo según edad, raza… en este caso, está siendo el propio sector y las Uniones de los distintos territorios, las que en muchos casos están llevando a cabo esta labor, sin la asistencia siquiera de cargos de la administración como participantes.
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Miles de agricultores y ganaderos de Castilla y León han tomado este jueves las calles de Valladolid para reivindicar al Gobierno Central y al autonómico ayudas para paliar una sequía que ha dejado al sector «en la UCI», donde han reclamado ayudas por valor de mil millones de euros, que es solo la mitad de lo que están perdiendo actualmente.
Bajo el lema «La sequía arruina el campo. Ayudas directas y PAC flexible ya», los agricultores y ganaderos, convocados por Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han pedido un paquete de ayudas de al menos mil millones de euros, es decir, de la mitad de la cuantía que estiman que han perdido esta campaña: 2.000 millones de euros.
Las Opas han catalogado este acto como un «toque de atención» a las administraciones y han avanzado que, de no recibir una respuesta favorable a sus peticiones, organizarán una protesta a nivel nacional en Madrid antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio.
La protesta, que ha partido de la delegación del Gobierno en Castilla y León y ha transcurrido por el centro de la ciudad hasta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se ha producido sin incidentes -al margen de los cortes de tráfico- y con un fuerte despliegue policial, después del intento de asalto a la Delegación de la Junta en Salamanca la seman pasada por parte de un colectivo ganadero en una protesta.
PETICIÓN DE AYUDA A LA UE, AL GOBIERNO Y A LA JUNTA
Esta jornada de protesta de los profesionales del campo de Castilla y León convocada por Asaja, UCCL y UPA-Coag ha dirigido sus protestas tanto a la Unión Europea, como al Gobierno Central y al Autonómico.
«No puede ser que trabajando, nos estemos arruinando», ha lamentado ante los medios el presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, al tiempo que su homólogo de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha recriminado a las administraciones por haber «dado la espalda» al campo: «El 2022 fue malo, el 2017 peor, pero este 2023 ha sido la puntilla», ha expresado.
Entre las peticiones del sector se encuentran ayudas directas y financieras, con préstamos a tipo cero con dos años de carencia y amortización en siete años, y flexibilidad de la PAC, ante la «barbaridad» de tener que dejar hasta el 1 de septiembre parcelas llenas de malas hierbas, han lamentado.
Por todo ello, las Opas han reclamado a las administraciones comunitaria, nacional y autonómica ayudas por valor de mil millones de euros para que los productores de Castilla y León se hagan cargo de los otros mil restantes que han supuesto de pérdidas la sequía.
Asimismo han tildado de «irrisorio» el paquete de medidas aprobado por el Gobierno en su real decreto contra la sequía, mientras que han acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de «no decir esta boca es mía» en este problema, donde la Junta de Castilla y León no ha puesto aún encima de la mesa fondos con ayudas directas.
Precisamente, al margen de estas ayudas directas, el campo ha pedido una mejora integral de los seguros agrarios, con la consideración de excepcionalidad de la campaña 2022/2023, algo que justamente ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno autonómico en su reunión semanal.
Finalmente, otras medidas apoyo que reivindica el sector pasan por una mejor gestión del agua y del forraje en momentos de escasez, un aumento de la inversión en infraestructuras hidráulicas de almacenamiento de agua o un plan de investigación que contemple alternativas globales para la adaptación de la agricultura frente al cambio climático.
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La Alianza UPA-COAG ha denunciado que Castilla y León es de las comunidades autónomas de nuestro país donde más caro resulta pasar la ITV a los tractores y a la maquinaria remolcada, teniendo que abonar entre 10 y 18 euros más que en otras CCAA.
La organización califica de «abusivo y de un desmesurado afán recaudatorio el tributo que deben pagar los agricultores y ganaderos de la región a este tipo de empresas, y sobre los que la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León debería actuar para que no salgan tan dañados los profesionales agrarios de esta comunidad autónoma».
La Alianza UPA-COAG denuncia que mientras un agricultor castellano y leonés tiene que pagar 39 euros al pasar la ITV de los tractores o de la maquinaria remolcada como sembradoras, empacadoras, remolques, palas de carga o rodillos, sus colegas de otras regiones como Galicia o Cantabria pagan 21 ó 29 euros respectivamente.
CONSIDERAN QUE LAS TARIFAS NO DEBERÍAN SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS 25 EUROS
Por eso, ante «el abusivo coste en forma de tarifa» que deben pagar los agricultores y ganaderos de Castilla y León, la organización reclama al Gobierno regional que «haga algo y no mire a otro lado, como nos tiene acostumbrados, aunque solo sea para cumplir sus promesas de velar por los intereses del sector primario».
También en una materia como la Inspección Técnica de Vehículos de tractores y maquinaria agrícola, que se hizo obligatoria a partir de 1989 para incrementar la seguridad vial y minimizar el impacto medioambiental, y que supone un coste directo a sumar para los profesionales del sector, el Gobierno autonómico podría y debería actuar instando a las ITV a rebajar unas tarifas tan desmesuradas contra el sector agrario regional y que no deberían superar en ningún caso los 25 euros.
De igual modo, reclamamos a las ITV de Castilla y León un descenso del 50% del coste de la inspección de la maquinaria remolcada, como ocurre por ejemplo en Aragón, respecto a la ITV de los tractores, puesto que no tiene ningún sentido que se cobre lo mismo por una máquina compleja como puede ser un tractor que por un accesorio más sencillo y simple como puede ser un remolque.
Por todo ello, la Alianza UPA-COAG urge al Gobierno autonómico a que dé ejemplo y hago un gesto por el sector y por las economías de los agricultores y ganaderos, y más en una situación como la actual con elevadísimos costes de producción y con una rentabilidad bajo mínimos. Además, insisten, en la situación es doblemente “sangrante” en Castilla y León si se tiene en cuenta el agravio comparativo que sufren los profesionales del sector respecto a los de otras comunidades autónomas, al pagar entre 10 y 18 euros más que en otras CCAA por pasar la ITV en sus correspondientes estaciones.
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El Departament d’Acció Climática, Alimentació i Agenda Rural (DACC), ha anunciado su intención de acogerse a la posibilidad que ofrece la normativa europea relativa a la distribución de los fondos FEADER. Por este motivo, ha presentado una modificación correspondiente al PDR 2014-2022, proponiendo la creación de una ayuda excepcional para paliar las repercusiones de la guerra de Ucrania en las granjas no integradas de porcino, en determinadas especies de aves, y en las industrias agroalimentarias afectadas.
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) valora positivamente que se tenga en cuenta este sector, dado que los productores de porcino no reciben ningún tipo de ayuda de la PAC. Únicamente han podido acogerse a medidas de mercado en forma de almacenamiento privado de carne y, siempre que la Comisión Europea lo ha creído conveniente.
Por eso, JARC pide que integrados y no integrados se puedan beneficiar de esta ayuda excepcional. La entidad argumenta que las explotaciones porcinas integradas, a pesar de no asumir el coste de los animales o de la alimentación, también tienen que hacer frente a los costes de producción relacionados con la energía eléctrica, combustible, servicios o reparaciones entre otros, que han experimentado brutales incrementos de precio desde el estallido del conflicto bélico.
“Todas las granjas porcinas de Cataluña, independientemente de su modelo de gestión, están sufriendo el impacto del aumento de los costes energéticos”, apunta Jaume *Bermis, responsable de la sectorial del porcino de JARC. Y añade, que no sería justo, por lo tanto, discriminar las 4.366 granjas integradas, que representan casi el 80% del total de las 5.475 explotaciones porcinas registradas en Cataluña.
Desde JARC, no se entiende como el DACC puede dejar de lado gran parte del sector porcino, que representa el 21% del PIB industrial catalán. La organización reclama que la ayuda se amplíe de a las granjas de porcino integradas, con importes equivalentes, o como mínimo, que se cubra una parte de los costes de producción, con un 75% de la ayuda que recibirán las granjas no integradas de porcino.
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